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En el juego a distancia autorizado el saldo del jugador no es una cifra en una pantalla: el régimen exige que el operador administre los fondos de los usuarios con reglas de separación y trazabilidad propias del juego regulado.
La sala de juego autorizada opera dentro de un horario sujeto a regla: el régimen sectorial y las municipalidades delimitan la jornada, y el horario incumplido es una de las infracciones más visibles de fiscalizar.
La ubicación de una sala de juego no es solo una decisión comercial: el régimen y las ordenanzas municipales restringen dónde puede instalarse, con los centros educativos como el ancla de la zona vedada.
El local de juego no autorizado no siempre enfrenta solo una sanción administrativa: la explotación ilegal del juego tiene su propia figura penal, y la frontera entre la infracción y el delito importa a quien opera y a quien denuncia.
La autorización de explotación de casinos y tragamonedas tiene vigencia: renovarla es un procedimiento del TUPA con su propio código, plazo y derecho de pago — operar con la autorización vencida es operar sin ella.
La potestad sancionadora de la autoridad no es eterna: el procedimiento administrativo general fija plazos de prescripción que, vencidos, extinguen la facultad de sancionar o de ejecutar la sanción.